La crisis como coartada: ¿creen los Gobiernos de España en la Cooperación al Desarrollo?

Posted on 07/05/2012 por

0



 Manuel Díaz Olalla

 
Finalizando Marzo, un mes marcado por la convulsa agitación social que han provocado las anunciadas medidas del Gobierno, se presentaron los Presupuestos Generales del Estado de 2012.  Ríos de tinta, casi todos en forma de mensajes de desaprobación, han desatado su lectura y estudio. Y aunque de entre todos no hayan destacado los que analizan el enorme retroceso que se anuncia en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), siendo el capítulo en el que más se reducen los fondos que aporta el Estado, conviene hacer una reflexión al respecto.
 
Los antecedentes son tan cercanos que nos parece que fue ayer cuando se presentaba el relanzamiento de la AOD española, con el propósito de alcanzar en 2012 el anhelado 0,7% del PNB, como uno de los objetivos-estrella de las dos legislaturas de Rodríguez Zapatero. Así lo garantizaba el Plan Director de Cooperación Española todavía vigente (2009-2012) (1). Las buenas intenciones, como en otras tantas cosas, se vieron truncadas cuando apareció, y se instaló entre nosotros, la actual crisis económica. Es decir que todo iba bien hasta media hora antes de que el presidente socialista anunciara, en Mayo de 2010, los primeros recortes que marcaron el final de su estrella política. Fue entonces cuando comunicó que se detraerían 600 millones de € del capítulo de gasto en AOD de los presupuestos de 2010 y 2011, provocando una rebaja de nuestra aportación en el primer año hasta dejarla en un 0,43% del PNB, mientras que en  2009 había alcanzado el 0,49% y lo previsto antes del  comentado recorte para 2010 significaba un desembolso del 0,51% (2).
 
El presupuesto de 2011, el último que gestionó en su práctica integridad el gobierno del PSOE, preveía un gasto en cooperación al desarrollo de 4.233 millones de € (3), esto es, y en relación a la riqueza bruta que se pensaba generar en nuestro país en ese periodo, un 0,40% de la misma. Aunque se preveía que, en la línea de lo ocurrido en años precedentes, se registraría un infra-cumplimiento notable de esas previsiones, la auténtica sorpresa la dio el ministro Margallo el día 14 de Marzo de 2012 cuando en una comparecencia en el Congreso de  los Diputados adelantó que finalmente en 2011 se había ejecutado una cantidad equivalente al 0,29% del PNB (4). Es decir una proporción similar a la aportada por España en 2005: un retroceso de 6 años. 
 
En esta carrera hacia atrás la guinda (es una figura retórica y no se debe ver en ella una alusión al Sr. Ministro de Economía) la acaba de poner la propuesta de Presupuestos Generales del Estado presentada por el Gobierno el pasado 30 de Marzo, en la que se anunció para 2012 un recorte del 47% en cooperación (en relación a la AOD invertida de forma efectiva en 2011), lo que hará descender  nuestro esfuerzo en solidaridad hasta niveles no conocidos en los últimos 10 ó 12 años, porque se va a situar la ayuda en el entorno del 0,20% del PNB (5). Por ello el mayor recorte de estos presupuestos se aplica al Ministerio de Asuntos Exteriores, que rebaja un 54% sus fondos respecto al año anterior y, dentro de él, la mayor reducción, de 594 millones de €, se aplica a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), añadiéndose además otra reducción, esta de 125 millones de €, a nuestra aportación al Fondo del Agua y otros 670 millones de € a los FONPRODE (Fondos de Promoción del Desarrollo, los antiguos créditos FAD).
 
Siempre fue así, pero no cabe duda que los PGE componen una foto que nos muestra cómo ven los gobiernos la realidad del mundo y de España, cuál es el camino en el que confían y cuáles los que desechan para afrontar la situación en la que vivimos. Es cierto que el gobierno del PSOE comenzó la poda, pero tampoco hay que olvidar que el último gobierno del PP, el de Aznar, dejó nuestra AOD en un raquítico 0,23% de nuestra riqueza bruta en 2003 (6), un año en que la situación económica fue, podemos decir, boyante. Se trata, por ello, no tanto de la situación económica sino más bien de la importancia y la prioridad que a este capitulo de las relaciones internacionales le da cada gobierno. Como todo en política, unas cosas son las palabras y otros los hechos, y de la misma forma que el caminar se demuestra andando, el auténtico interés político se demuestra poniendo los fondos necesarios en la partida correspondiente.
 
Y es seguramente el momento de constatar que los fondos destinados a la sensibilización social sobre los problemas de los países menos avanzados y la educación al desarrollo han tenido poco impacto a la hora de cambiar la visión y la mentalidad en la población española y en nuestros gobernantes. Porque, en contra de lo que frecuentemente se lee y se dice, es preciso recordar que la cooperación al desarrollo es algo distinto a la caridad. Ni siquiera debe ser, en términos contables, lo que se pone en un cajón cuando los demás están a rebosar, como parecen creer los gobernantes que tenemos. No. Se trata simplemente de justicia y de devolver, aunque solo sea mínimamente, lo que históricamente y en la actualidad se esquilma a los pueblos más desfavorecidos. Lo mismo que ocurrió en los tiempos sombríos de la colonización se reproduce ahora como resultado de las desiguales relaciones internacionales. El hecho de que los efectos del cambio climático los sufran mayoritariamente los países más pobres cuando esta causado, fundamentalmente, por los países más avanzados es tan sólo un pequeño ejemplo de lo que se pretende demostrar aquí. No es caridad ni regalo, no, se trata de una obligación ineludible de Occidente y de un derecho innegociable de los países del Sur.
 
La AOD es, no hay duda, gasto social también, por mucho que la mayoría de los que se vayan a beneficiar de ella vivan lejos y que cuando se la quitan no puedan llenar nuestras calles reclamando lo que les pertenece. Tanto da, en un mundo globalizado e interdependiente como este, que los que necesitan ayuda vivan en Mozambique o en el asentamiento chabolista de La Rosilla (Madrid). De hecho intentar enfrentar a los que se benefician del gasto social aquí con los que lo necesitan allá no es más que demagogia, por mucho que pueda recibir, a continuación, el aplauso de una mayoría poco informada. Es lo que intentó el Ministro de Asuntos Exteriores cuando en sede parlamentaria argumentó lo inevitable de ese recorte, según él, al afirmar que es mejor quitar fondos de ese capítulo que de las pensiones de nuestros jubilados (4). Por mucho que semejante afirmación contara, de antemano y sin lugar a dudas, con la comprensión fervorosa de muchos de nuestros conciudadanos. Porque en la deducción va implícita la falacia. En realidad lo que debería decir el Señor Ministro es que, según los planteamientos de la clase dirigente, es mejor quitar de la cooperación que luchar contra el fraude fiscal (7) o que recortar las subvenciones públicas que sufragan servicios, como la escuela o la sanidad, que reciben quienes más tienen y, por lo tanto, menos lo necesitan. Este planteamiento de enfrentar a los beneficiarios del gasto público, unos contra otros, funciona muy bien en nuestro país aunque sea a costa de generar rechazo y conflictividad social. Lo vemos a diario en las salas de espera de los hospitales o en las reuniones de las escuelas cuando los pacientes o los padres españoles tienen que discutirle el tiempo de atención o las becas de comedor a los pacientes y padres inmigrantes que también tienen derecho, en lugar de incrementar servicios y recursos en la medida de las necesidades de todos, que es lo que tendrían que hacer.
 
La ceguera sigue siendo muy severa incluso cuando se enfoca la situación con otras ópticas. La Cooperación al Desarrollo es una herramienta más de la política exterior de un país. Lo es incluso cuando hablamos de la parte de la misma que más tiene que ver con la solidaridad, como pueden ser los fondos de Ayuda Humanitaria, que van a quedar casi extinguidos en el nuevo presupuesto. Se trata no sólo de que los recortes acaben de un plumazo con inversiones y compromisos adquiridos por nuestro país en los últimos años, de que por tanto la merma se traduzca inmediatamente, por ejemplo, en un incremento de la mortalidad infantil y materna en muchos lugares del mundo, de que vaya a dificultarse que se alcancen los Objetivos del Milenio en algunas regiones en las que trabajaba intensamente la cooperación española, de que se dificulte que continúen los avances en la lucha contra la pobreza y contra el hambre o de que sufran una restricción de derechos básicos y un importante deterioro en sus condiciones de vida miles de personas en los países menos adelantados (8). No sólo de eso se trata, sino también de que la inacción que provocan estos presupuestos va a generar importantes niveles de inseguridad en España y en el mundo y sitúan a nuestro país en una posición de irrelevancia de facto en muchos foros internacionales. El gobierno debería considerar que es difícil aspirar a ser considerado un socio fiable en el panorama de las relaciones internacionales o un aspirante a miembro permanente del G-20 que merezca la consideración de los demás cuando no se hace un esfuerzo suficiente en AOD y no se participa en los consensos universales en este campo. Otros, como el Reino Unido, lo tienen más claro, no se dejan llevar por esta visión cortoplacista que puede tener efectos no deseados y preservan los fondos de cooperación de la quema y la poda, a pesar de las malas perspectivas económicas (9).
 
Es curioso, no obstante, que unos gobiernos, los españoles, tan sumisos a los dictados europeos y a los de los mercados en materia económica (siempre coinciden, ¿serán los mismos?) no parezcan reaccionar a mensajes tan claros como el que la Comisión Europea ha lanzado el 4 de Abril de 2012, por el que reclama a los países de la UE que no recorten los fondos de cooperación. Nuestro país ha decidido también hacer oídos sordos a este ruego. La Comisión, que con esta llamada tan ilusamente apela al buen criterio del Gobierno español, insiste en que en 2015 todos los países de la UE deben alcanzar el 0,7% de sus PNB en sus respectivas AOD. No sólo eso, sino que recuerda, para nuestro bochorno, que a pesar de la crisis mundial cuatro países (Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Luxemburgo) siguen concediendo a estas políticas más del 0,7 %, mientras que otros como el citado Reino Unido, Bélgica, Finlandia e Irlanda siguen avanzando hacia ese objetivo (10). En este asunto, como en otros, España parece haberse descolgado definitivamente del resto de Europa.
 
La situación de práctica indigencia en que estos presupuestos sitúan al Ministerio de Asuntos Exteriores otorga el papel de máximo protagonismo en la AOD al Ministerio de Economía y Hacienda, que se convierte en el organismo del Estado que más fondos aporta. Evidencia esta realidad, también, cómo se refuerza la faceta que de negocio tienen algunas políticas de cooperación, pues es ese ministerio quién gestiona una gran cantidad de fondos que, a partir de créditos a otros países, generan deuda externa en ellos y nos convierte en sus acreedores. La consideración adicional de que una gran parte de las ONG para el Desarrollo (ONGD) en nuestro país se nutren mayoritariamente de fondos públicos, asumiendo muchas veces el papel y la función que el Estado no quiere o no puede desarrollar, avanza que una disminución tan grande de la ayuda repercutirá en sus estructuras y provocará, con seguridad, que muchos técnicos y empleados de las mismas tengan que ser despedidos, creando en el llamado tercer sector (privado sin ánimo de lucro) un importante problema de desempleo que hasta ahora no se conocía. Es el “golpe brutal al sistema”, según expresión de la Coordinadora Nacional de ONGD (11), que este gobierno ha propinado y ha llenado de incredulidad, primero, y de indignación después al mundo de la cooperación.
 
 
 
                                                                       Manuel Díaz Olalla
                                                                      
(Publicado en la Revista “Temas para el debate”, nº 210, Mayo de 2012)
Anuncios